Con análisis de las apelaciones sobre la detención domiciliaria ordenada para dos jueces y un Fiscal y la reafirmación de la Fiscalía en el sentido que la medida debe ser intramural, en establecimiento carcelario, continuó este miércoles la audiencia presidida por el Juez Promiscuo Municipal de Galapa, Venancio García - Solís.

Con las apelaciones presentadas, será el Juez superior quien decida, finalmente, acerca de la decisión tomada en primera instancia.

Durante la audiencia de este miércoles, Antonio Luis González Navarro y Javier Hurtado, apoderados de los jueces Rafael Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, así como del Fiscal Gustavo Orozco Pertuz, presentaron sus argumentación de la apelación para la detención domiciliaria para los tres, dictada por el Juez Venancio García - Solis, quien a su vez ayer, durante el análisis de los recursos de reposición y en subsidio de apelación, se mantuvo en dicha decisión.

Tras extensas exposiciones de motivos, coincidieron en solicitarle a la segunda instancia que se revoque esta decisión y se abstenga de imponerles la medida de detención.

Por su parte, el Fiscal Gustavo Orozco Pertuz intervino para explicar sus actuaciones en los procesos en que se encuentra involucrado.

Luego, el turno le correspondió al Fiscal 90 ante el Tribunal Superior de Bogotá, Germán Arias Cortés, advirtiendo que la defensa técnica de los tres capturados “se han equivocado de escenario procesal al pretender que los imputados sean absueltos en sede de garantías. Pretenden que les declaren la atipicidad de las conductas para llegar a la absolución”.

Y agregó: “No han querido aceptar y confunden los defensores técnicos las diferencias entre el material probatorio para medida de aseguramiento con el de la sentencia”.

Recalcó que existen principios “para pensar que si se puede obstruir la justicia y que son un peligro para la sociedad y las víctimas”, citando los episodios del celular asignado a ellos para organizar la defensa y que fue utilizado para otros objetivos distintos para influir con otros jueces para entorpecer la administración de justicia. Además de las amenazas de muerte denunciadas por Hugo Junior Carbonó por parte del Juez Alberto Oyaga Machado.

Concluyó que las mismas conductas de prevaricato atribuidas al Fiscal Gustavo Orozco Pertuz están directamente relacionadas con los dos jueces, “para lo cual existe suficiente material probatorio e inferencia razonable”.

Seguidamente, el apoderado de víctimas, Hugo Junior Carbonó,  expuso las razones para coadyuvar la solicitud de la Fiscal en el sentido de que la medida de aseguramiento no debe ser domiciliaria sino intramural en establecimiento carcelario.

Argumentó que se reúnen los requisitos legales y constitucionales y, además, los patrones de conducta de los tres resultan de gran importancia para decretar la detención carcelaria.

A su turno, el también apoderado de víctimas, Erick Calderón Jaraba, manifestó que se dan los presupuestos legales y constitucionales para la medida de aseguramiento carcelaria por las “burdas actuaciones de los jueces y el Fiscal”.

A su vez, el representante del Ministerio Público, Wilson Rangel, reiteró sus cuestionamientos a los funcionarios judiciales por las actuaciones que hoy los tienen capturados e imputados a los tres.

En el caso del Fiscal Gustavo Orozco señaló que está demostrado de bulto su irregular actuación procesal, enfatizando que “el prevaricato es clarísimo”.

Al finalizar su intervención anunció que solicitará el cambio de radicación del proceso por considerar que existe “un riesgo gravísimo porque los funcionarios judiciales están contaminados”.

“Hay que sacar esto de aquí, por favor”, insistió para concluir que mantiene su posición para que la detención a los tres funcionarios judiciales sea domiciliaria.